INSULTOS EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (SOBRE UN REQUISITO PARA EL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN)

1. La gestación de la prohibición de insultos[Subir]

La primera vez que el Tribunal Constitucional se enfrenta a la posibilidad de que los insultos constituyan un límite a la libertad de expresión es en un caso en el que claramente no los había. Se trataba de un objetor de conciencia que había realizado en 1982 unas declaraciones a un periódico en las que, comentando su condena, dijo: «Hay una gran parte de los jueces que son realmente incorruptibles; nada, absolutamente nada, puede obligarles a hacer justicia». A raíz de ello fue condenado como autor de un delito de injurias graves. El Tribunal anuló esta condena, entendiendo que se trataba de un juicio de valor sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado. No obstante, en su argumentación advierte que de haberse tratado de expresiones insultantes, carecerían de protección constitucional: «[…] aparecerán desprovistas de valor de causa de justificación las frases formalmente injuriosas o aquéllas que carezcan de interés público y, por tanto, resulten innecesarias a la esencia del pensamiento, idea ú opinión que se expresa»^‍‍[1].

La idea que ahí se dejaba caer como una mera posibilidad va a utilizarse por primera vez en 1990. Se trataba de la condena a un periodista radiofónico por unas expresiones vertidas mientras informaba de unos hechos noticiosos; el Tribunal Constitucional vino a sentar una teoría sobre los insultos que fue acogida favorablemente por la doctrina^‍‍[2] y ha tenido enorme éxito en su jurisprudencia.

La información versaba sobre el cobro indebido de las dietas que le correspondían como parlamentario autonómico en las Cortes de Aragón a quien entonces era el presidente de la Federación Española de Fútbol. Sin embargo, la difusión de esos hechos contrastados se acompañó de opiniones personales del periodista sobre el político concretadas en expresiones que versaban sobre sus supuestos defectos físicos («lo de “Pedrusquito” lo he dicho en muchísimas ocasiones, es tan solo un apelativo cariñoso que identifica sus escasos centímetros, su poco pelo y su nulo talante»; «ni ve y no es por las cataratas» «Pedrusquito Catarata Roca»), sobre su valía moral («vil vasallo de Pablo Porta», «impresentable presidente de la Federación Española de Fútbol») o sobre su capacidad intelectual («ni oye, ni sabe, ni quiere, ni puede», «el tío no sabe de nada y sabe de todo; bien»).

Este asunto lleva al Tribunal a la conclusión de que «la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería por lo demás incompatible con la dignidad de la persona que se proclama en el art. 10.1 del Texto fundamental»^‍‍[3]. De ese modo, la emisión de «apelativos formalmente injuriosos en cualquier contexto, innecesarios para la labor informativa o de formación de la opinión que se realice», supone un daño injustificado a la dignidad de las personas o al prestigio de las instituciones que no encuentra amparo en la Constitución. En el caso concreto, resulta evidente que las expresiones en cuestión pretendían «vejar la imagen y dignidad del Sr. Roca, en forma innecesaria y gratuita»^‍‍[4], por lo que carecían de la protección de la libertad de expresión.

Dos años después se aborda el asunto de un periodista radiofónico que se había referido reiteradamente a un concejal de su localidad llamándole «liliputiense» para hacer mofa de su baja estatura. El Tribunal en esta ocasión vincula la prohibición de insultos al derecho al honor. Entiende que la protección constitucional de este

Se trata de una argumentación complicada, en la medida en que parece que la prohibición de los insultos se ampliara a todas las manifestaciones innecesarias para transmitir el pensamiento, sin que quede muy claro cuándo una concreta expresión es necesaria o no para aportar los matices que el hablante desea. Este enfoque no cuajará en la jurisprudencia posterior. Sin embargo, a partir de entonces la prohibición de insultos se asienta como dogma.

La presencia de insultos vuelve inconstitucional todo el discurso, aun incluyendo contenidos veraces y trascendentes:

Desde entonces la interdicción de insultos es indiscutible incluso cuando no se aplica. Un artículo de opinión en un periódico daba cuenta del juicio contra el líder de una secta. En este, se mencionaba la «silueta rechoncha» del acusado; lo llamaba «gordinflón de gafas degradees [sic]» y «falso maestro y reputado sobón de niños». Cuando el autor fue absuelto del delito de injurias, el aludido acudió al Tribunal Constitucional^‍‍[7]. Este entiende que los jueces han realizado una correcta delimitación de los derechos en juego, toda vez que apreciaron que no concurría animus injuriandi. Parte de la doctrina científica criticó duramente esta decisión^‍‍[8], suscribiendo los argumentos del voto particular, que entendía que debía aplicarse la prohibición de insultos ante la presencia de «frases degradantes y de calificativos injuriosos», cualquiera que fuera la intención de su autor. Puesto que el afectado había recurrido a la vía penal, es razonable que el Tribunal Constitucional optara por no entrar a valorar la concurrencia o no de elementos del tipo penal. Al hacerlo, sin embargo, dejaba en el aire la cuestión de si hay insultos que lo son por su mera formulación, con abstracción de la intención con que se emitan. En todo caso la sentencia no niega la interdicción de insultos, sino su aplicación al caso.

La prohibición es ya un elemento imprescindible de la delimitación de las libertades de expresión e información, y el Tribunal insiste en ello con distintas formulaciones. En los años inmediatos se dice, por ejemplo, que «el ejercicio de la libertad de expresión, por tanto, no puede justificar sin más el empleo de expresiones insultantes que exceden del derecho a la crítica y son, pues, claramente atentatorias para la honorabilidad de aquel cuyo comportamiento o manifestaciones se critican, incluso si se trata de persona con relevancia pública»^‍‍[9]. También que en estos casos «[e]l autor se coloca así, él mismo, fuera del ámbito constitucionalmente protegido de la libertad de expresión por menoscabar la reputación y buena fama, sin que el sacrificio de estotro derecho se justifique por la defensa de ningún bien constitucionalmente protegido»^‍‍[10]. Los insultos, se insiste, no tienen «la menor relación con la formación de una opinión pública libre, apareciendo como meras exteriorizaciones de sentimientos personales ajenos a la información sobre hechos o a la formación de una opinión pública responsable»^‍‍[11].

A partir de 1999 es habitual que las sentencias del Tribunal Constitucional en las que se aborde el tema de los límites de los derechos garantizados en el art. 20.1 CE incluyan la cantinela de que estos no dan cobertura constitucional a «expresiones formalmente injuriosas e innecesarias para el mensaje que se desea divulgar, en las que simplemente su emisor exterioriza su personal menosprecio o animosidad respecto del ofendido», concluyendo que no dan amparo a «las insidias y los insultos»^‍‍[12].

2. La prohibición de insultos: un límite en la delimitación[Subir]

En la década siguiente la exclusión absoluta de insultos empieza a formularse en términos de delimitación del derecho. Muy pronto, el Tribunal considera que, a la vista de la jurisprudencia anterior, «el insulto sí constituye el límite interno del derecho a la libertad de expresión, y se halla carente de protección constitucional (SSTC 204/1997, de 25 de noviembre, y 1/1998, de 12 de enero, por todas)»^‍‍[13]. En realidad, lo que se dice va más allá, incluso. No solo se constata que el insulto está excluido de la Constitución, sino que a lo largo de toda la doctrina se presenta como el único límite (García Guerrero, J. L. (2007). Una visión de la libertad de comunicación desde la perspectiva de las diferencias entre la libertad de expresión, en sentido estricto, y la libertad de información. Teoría y Realidad Constitucional, 20, 359-399. Disponible en: https://doi.org/10.5944/trc.20.2007.6784‍García Guerrero, 2007: 387) claramente definido a priori (Solozábal Echavarría, J. J. (1992). Acerca de la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión. Revista Estudios Políticos, 77, 237-248.‍Solozábal Echavarría, 1992: 243). En los términos que se han convertido en clásicos de nuestra jurisprudencia:

De ese modo, se convierte en dogma doctrinal que las únicas expresiones excluidas de antemano de los derechos comunicativos son los insultos. La ausencia de insultos se hace un elemento definitorio de la libertad de información, entendiéndose que solo goza de protección constitucional aquella comunicación que, siendo veraz y no formalmente vejatoria, se refiera a asuntos con trascendencia pública^‍‍[15].

La formulación más exitosa de la jurisprudencia sigue siendo, sin embargo, la de la inicial STC 105/1990, que rechazaba la existencia de un pretendido derecho al insulto. Se trata posiblemente de una consecuencia de la tendencia de nuestro juez constitucional a recurrir a la ponderación puntual de derechos. En ese estrecho margen argumental, la obviedad de que no hay un derecho específico al insulto parece terminológicamente más encajable que la exclusión directa de los insultos del ámbito protegido por las libertades de la comunicación. El sentido, sin embargo, es ese: que en el derecho a la libertad de expresión o información no se incluye la facultad de insultar. La locución «pretendido derecho al insulto» con cita expresa de la sentencia del caso original aparece hasta en treinta y cinco sentencias entre 1990 y 2020, sin contar las decisiones referidas a libertad de expresión en el ámbito judicial, en las que suele incluirse su propia cita relativa a la prohibición de insultos en el terreno forense. A partir de 2009 el Tribunal habla ya de «la prohibición constitucional de insultos»^‍‍[16] integrada como requisito en la delimitación de las libertades comunicativas.

Es cierto que nuestro juez constitucional no es especialmente cuidadoso en el uso de las categorías relativas a los derechos fundamentales. Así, al mismo tiempo que afirma que los insultos no forman parte del contenido protegido de la libertad de información, en alguna ocasión equipara esa exclusión a que son un límite a esta:

Pese a la aparente confusión de categorías entre la delimitación apriorística del derecho (que contribuye a definirlo en abstracto y facilita la seguridad jurídica del ciudadano que lo quiere utilizar) y la eventual limitación de su contenido expansivo en aras de la armonización caso por caso con otros derechos protegidos, lo cierto es que la jurisprudencia es muy clara. La prohibición de insultos tiene tal carácter absoluto que, simplemente, las expresiones vejatorias excluyen la protección constitucional de cualquier discurso.

3. Los insultos como lesión de la dignidad[Subir]

El carácter absoluto y apriorístico de la prohibición deriva de su vinculación con la dignidad, que aparece en el art. 10 la Constitución como fundamento del orden político al mismo nivel que los derechos inviolables de la persona. Con similar valor axiomático aparece también en el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que luego la recoge expresamente en su artículo uno. Tal naturaleza fundamental de la dignidad sobre los derechos lleva a menudo a entender que todos los derechos, en cierta manera, son una manifestación de la dignidad o, al menos, del derecho a una vida digna (Von Münch, I. (1982). La dignidad del hombre en el derecho constitucional. Revista Española de Derecho Constitucional, 5, 9-34.‍Von Münch, 1982: 27). Al tiempo, la dignidad sirve también como elemento interpretativo que en cierto modo puede llegar a ampliar el ámbito protegido por los derechos (Oehling de los Reyes, A. (2011). El concepto constitucional de dignidad de la persona: Forma de comprensión y modelos predominantes de recepción en la Europa continental. Revista Española de Derecho Constitucional, 91, 135-178.‍Oehling de los Reyes, 2011: 38 y ss.). Tiene un doble carácter: axiológicamente sirve para atribuir a todo el sistema constitucional desarrollado a partir de la noción de derechos fundamentales inalienables una legitimación vinculada a la noción misma de persona; normativamente, establece una serie de mandatos jurídicos con eficacia directa imprescindibles para el respeto del mínimo esencial inherente al concepto de persona (Atienza, M. (2009). Sobre el concepto de dignidad humana. En M.ª Casado (coord.). Sobre la dignidad y los principios. Análisis de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (pp. 73-94). Barcelona: Civitas.‍Atienza, 2009: 79 y ss.). El Tribunal Constitucional, aunque ha rechazado la posibilidad de que pueda fundar directamente un recurso de amparo^‍‍[18], habla a veces de «derecho a la dignidad», insistiendo en su carácter amplio^‍‍[19]. Lo más frecuente, en todo caso, es presentarlo como un valor del ordenamiento con entidad suficiente como para restringir el carácter expansivo de otros derechos, esencialmente el de la libertad de expresión entendida como principio^‍‍[20]. Constituye un «mínimo invulnerable que por imperativo constitucional se impone a todos los poderes» (Tomás-Valiente Lanuza, C. (2014). La dignidad humana y sus consecuencias normativas en la argumentación jurídica: ¿un concepto útil? Revista Española de Derecho Constitucional, 102, 167-208.‍Tomás-Valiente Lanuza, 2014: 179) y que exige proscribir ciertas actitudes que niegan o hieren el valor inherente a la persona, como son los insultos. En especial en aquellos que niegan el valor mínimo intrínseco a toda persona apoyándose en características o defectos físicos de alguien o niegan de manera humillante su valía genérica.

La diferencia esencial entre la prohibición absoluta de insultos y la garantía del derecho al honor radica en la delimitación previa que este requiere a la hora de aplicar su eficacia directa. La protección al honor se articula en torno a la reputación creada a partir de los actos propios. La discusión sobre la veracidad de determinados actos es imprescindible para deslindar la información legítimamente transmisible de la lesión que disminuye la consideración ajena. Incluso es posible imaginar situaciones en las que la Constitución asuma la posibilidad de determinado daño a la reputación independiente de las acciones de su titular en aras de la garantía de otros derechos; así, por ejemplo, casos en los que un informador contrasta adecuadamente una información pero incurre en algún error a la hora de transmitirla. Frente a eso, la dignidad tiene un carácter absoluto e irrenunciable. Ningún insulto puede gozar de protección constitucional como ejercicio de un derecho fundamental en la medida en que la acción de insultar busca exclusivamente la negación del valor mínimo que toda persona merece por el hecho de serlo.

1. La experiencia histórica de la prohibición de epítetos[Subir]

Históricamente, el honor fue el pivote sobre el que se construyeron los derechos de la personalidad frente al poder. En ese marco, la interdicción de insultos ha jugado un papel esencial en nuestra historia jurídica.

Como se deduce de su etimología, la palabra injuria alude inicialmente a cualquier acción antijurídica^‍‍[21]. Es pues, en sí misma, la esencia de lo antijurídico y cubre distintos tipos de acciones, esencialmente físicas^‍‍[22]. En la Edad Media, la proyección pública de la persona como ser digno de respeto y virtuoso cobra un sentido especial. En una sociedad que comienza a desarrollarse débilmente, es el único espacio personal garantizado, proporcionando algo parecido a la igualdad, dentro de las estrictas divisiones sociales de la época^‍‍[23]. En ese contexto histórico el honor y la honra son lo que identifica a la persona como tal. Cuando no existen los derechos, ni resulta posible construir jurídicamente el concepto de dignidad humana, es el honor entendido como respetabilidad el que juega el papel equivalente en las relaciones sociales y políticas. La protección del honor no es sino la primera garantía de la persona frente a ataques de terceros e incluso del poder público.

Los textos empiezan a perseguir la injuria verbal para proteger la honra frente a ataques difamatorios. En los siglos xii y xiii fueros como el de Madrid o el de Plasencia recogen sanciones para quien profiera determinadas expresiones^‍‍[24]. Pronto se habla de injuria exclusivamente para el daño a la honra ajena (Madero, M. (1992). Manos violentas, palabras vedadas. La injuria en Castilla y León, siglos xiii-xv. Madrid: Taurus.‍Madero, 1992). La lesión del honor es la más evidente acción antijurídica. Las primeras recopilaciones de leyes dedican una gran parte de su contenido a referencias a los insultos y las injurias (Serra Ruiz, R. (1969). Honor, honra e injuria en el derecho medieval español. Murcia: Universidad de Murcia.‍Serra Ruiz, 1969: 63) para evitar las agresiones verbales (ibid.: 34 y ss.). La prohibición de insultos está, así, en el nacimiento del derecho entendido como garantía de la personalidad.

En tiempos de derecho preestatal en que se prefiere la casuística sobre los principios generales esto se plasma en el afán por delimitar singularmente los insultos prohibidos. Elaborar listados de expresiones castigadas ha sido una constante en la historia. Sucedió en la Atenas del siglo iv a. de C. y sucede en España en la Edad Media. Los primeros listados aparecen en fueros como el de Briviesca, otorgado en 1123: «Qval quier que a otro denostare o quel dixiere faz. por faz. gaffo o fudodincul o fodido o cornudo o traydor o herege o renegado o falsario o falso prouado o fide fududincul traydor o fide traydor o aleuoso fide aleuoso o llamare a mugier desposada o casada puta prouada desdigalo antel alcalle» (Briv IV, 3, 2). El hecho de que la creatividad humana buscara pronto variadas alternativas a estas expresiones no fue un obstáculo para que los listados se asentaran como técnica jurídica.

En el siglo xiii el Fuero Real estableció las seis palabras en las que siempre se presume absolutamente la intención de insultar. La norma sobrevive durante siglos y pasa después incluso a la Novísima Recopilación, con vigencia hasta el momento de las primeras constituciones. El precepto dice: «Qvalquier que à otro denostare, y le dixere gafo^‍‍[25], o sodometico, o cornudo, o traydor, o hereje, o à muger que tenga marido puta»^‍‍[26]. En el siglo xvi pasa a la nueva recopilación. En esa ocasión se añade la coletilla «o otros denuestos semejantes»^‍‍[27], lo que introduce cierto numerus apertus^‍‍[28]. Cualquier otra palabra se consideraba como injuria leve, citándose a modo de ejemplo las de «bastardo, borracho o loco».

La individualización de insultos prohibidos los distingue de la injuria, más genérica. Si esta cubre toda acción humillante, solo son insulto determinadas expresiones que gozan en sí mismas de un valor vejatorio propio. Desde un primer momento se hace evidente que la interdicción de expresiones concretas no cubre todos los casos posibles de atentados al honor. La riqueza del lenguaje demuestra que hacer listados es como poner puertas al campo^‍‍[29]. Sin embargo, esta insuficiencia no era un efecto indeseado, sino probablemente el fruto de una gradación social latente sobre la intensidad de las distintas ofensas posibles. Las palabras prohibidas, desde esta perspectiva, funcionarían como ultima ratio para la intervención penal represiva.

Pero los insultos también evolucionan y los listados quedan pronto desfasados. Aunque formalmente sigue en vigor, progresivamente se abandona la práctica de enunciar palabras. En determinado momento los archivos notariales de pleitos del antiguo régimen se niegan a reproducir los insultos y señalan, en su lugar, que se han proferido «palabras denigrativas, indecentes, desconcertadas o mal sonantes ofensivas a su crédito, buena fama y opinión y que no caben en su cualidad» (Iglesias Estepa, R. (2007). Violencia física y verbal en la Galicia de finales del Antiguo Régimen. SEMATA, 135-157.‍Iglesias Estepa, 2007: 138). Así, pierde operatividad la referencia a un listado cerrado y al uso de determinadas palabras malsonantes se le añade la exigencia de una específica intención denigratoria.

A finales del antiguo régimen al definir la injuria se dice que «infamar a otro es un delito que pende de la opinión ajena, y es el atribuir y publicar, o echar en cara algún vicio o defecto oculto, que tenga el próximo, y así la difamación consiste en desacreditar la buena fama de otro por dicho, por palabra, por escrito o hecho con ánimo de degradarle de aquella buena opinión que aquel tenía con los que le conocían» (Vizcaíno Pérez, V. (1797). Código y práctica criminal. Madrid.‍Vizcaíno Pérez, 1797: I, II, 338). Con el nacimiento del Estado constitucional, los códigos penales no vinieron, pues, sino a concretar esta tendencia a combinar el uso de palabras formalmente vejatorias con determinada intención, tipificando el delito de injurias en términos bastante similares a los actuales (Mira Benavent, J. (1995). Los límites penales a la libertad de expresión en los comienzos del régimen constitucional español. Valencia: Tirant lo Blanch.‍Mira Benavent, 1995).

2. La experiencia comparada y europea[Subir]

Si en nuestra historia la prohibición de insultos ha sido una constante, también lo es en los sistemas jurídicos de nuestro entorno. Y en este sentido es especialmente ilustrativo y útil para entender nuestra doctrina constitucional un vistazo a cómo funciona en los dos principales ordenamientos de nuestro entorno jurídico: en la teoría estadounidense de la libertad de expresión y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ninguno de estos sistemas coincide con el enfoque español sobre libertad de expresión, que es un auténtico tertium genus, pero sin duda sus avances y su experiencia en la materia son imprescindibles para situar los nuestros.

1. Lo hiriente frente a lo vejatorio[Subir]

Como se dijo, el Tribunal Constitucional entiende que la libertad de expresión ampara las expresiones hirientes pero no las que resulten absolutamente vejatorias. Estos son los términos de la jurisprudencia cuando trata de avanzar un poco más en la delimitación de los contenidos afectados por la prohibición constitucional del insulto:

Así pues, están permitidas determinadas expresiones hirientes, siempre que no sean absolutamente vejatorias, en el sentido señalado. A tales expresiones el Tribunal las califica de «molestas o desabridas»^‍‍[50], pues resultan dolorosas para quien las recibe pero no buscan dañar gratuitamente la dignidad de la persona.

Esta idea es el fruto de una evolución de la doctrina, pues en 1995 se había señalado que las expresiones «innecesariamente hirientes para la dignidad y el honor» quedaban excluidas de derecho a la libre crítica^‍‍[51]. Inicialmente la distinción se hace en relación con la gravedad de la ofensa. Se dice: «[…] ninguna de las expresiones transcritas puede ser entendida, en sí misma, como gravemente ofensiva o vejatoria para los participantes o las creencias religiosas de éstos. En efecto, […] constituyen ciertamente reproches sin duda molestos o hirientes e incluso despectivos, pero no gravemente vejatorios»^‍‍[52]. En el caso concreto lo que se quería destacar es que determinadas expresiones proferidas por una enfermera ante una procesión religiosa en su hospital podían ser hirientes para un católico pero carecían de la gravedad que permitiera reconocerlas como vejatorias, por lo que finalmente quedaban amparadas por el art. 20.1 CE. Se trata, pues, de señalar —a partir de una gradación— que la ofensa no tenía entidad suficiente para excluir el amparo de la libertad de expresión.

En verdad no se trata de una cuestión de intensidad, sino de la distinta naturaleza que separa los ataques que niegan la esencia de la persona de las expresiones que simplemente resultan poco agradables para su destinatario pero carecen de ese sentido humillante. Pronto deja valorarse la intensidad y se construyen dos categorías jurisprudenciales distintas: lo hiriente se identificará con lo constitucionalmente permitido en el marco de las libertades de expresión e información, mientras que lo vejatorio será lo prohibido por atentar contra la dignidad^‍‍[53]. Resta aclarar cómo se identifica el insulto vejatorio.

2. Expresiones formalmente vejatorias[Subir]

La experiencia histórica resulta útil para entender la evolución de la jurisprudencia constitucional sobre el concepto de insultos: tras un primer amago de revivir la teoría de las palabras prohibidas, tal y como pasó en el antiguo régimen, se acaba insistiendo en la intención de humillar. Como rescoldo, sigue habiendo sentencias que usan un criterio exclusivamente formal y señalan que «la emisión de apelativos formalmente injuriosos en cualquier contexto, e innecesarios para la labor informativa o de formación de la opinión que se realice, supone inferir una lesión injustificada a la dignidad de las personas (art. 10 CE)»^‍‍[54]. En verdad el Tribunal parece entender que al insulto se puede llegar por dos caminos: con expresiones «formalmente injuriosas» y con las que sean «absolutamente vejatorias»^‍‍[55].

Incluso en el segundo caso, cuando la expresión insultante lo es por el contexto o la intención que conlleva^‍‍[56], se continúa exigiendo un elemento formal que puede introducir cierto elemento de confusión. Al definir el insulto como la «expresión formalmente vejatoria, en tanto que gratuita o innecesaria, para la información que se pretendía transmitir»^‍‍[57], la alusión al componente formal resulta contradictoria con el sentido material referido a la necesidad. Sin embargo, del análisis integrador de la jurisprudencia se desprende que la referencia al carácter formal del insulto no alude tanto a apelativos que en sí mismos resultan objetivamente insultantes como a la evidencia de que lo vejatorio lo es por la manera en que se expresa, con independencia de las afirmaciones que la acompañen. Así lo aclara el Tribunal al señalar que «el carácter poco respetuoso o desmedido a que se ha hecho mención por nuestra doctrina viene referido a la formas, modos o medios de expresión y no a la opinión o juicio de valor en sí mismo considerado»^‍‍[58].

En efecto, la vejación es un ataque basado en el menosprecio a la esencia de la persona y frente al que no hay defensa discursiva. La diferencia entre un insulto y un juicio de valor es similar a la que hay entre la lesión de la dignidad y el ataque al honor: el insulto no admite respuesta lógica del insultado, porque no pretende atribuirle ningún dato, sino dañar su dignidad. La imputación de hechos tiene otra naturaleza ontológica en cuanto permite la discusión sobre su realidad. La protección del honor excluye imputaciones inveraces que atribuyan una reputación diferente de la que cada uno se gana con sus propios actos y la comprobación de la veracidad exige al juzgador una tarea profunda de escrutinio en las circunstancias de cada caso. En cambio, el daño a la dignidad aparece a primera vista, sin más comprobación, pues no permite comprobación de veracidad.

Es en ese sentido en el que las expresiones insultantes resultan siempre formalmente vejatorias; el daño contra la dignidad se aprecia a partir de la mera forma de las expresiones usadas para ahondar en el contenido de lo manifestado. Por ello son insultos las expresiones que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, resulten ofensivas u oprobiosas^‍‍[59].

3. Expresiones innecesarias[Subir]

Además del carácter objetivamente vejatorio de los insultos, se destaca también su sentido innecesario para la transmisión de los contenidos que se pretenden dar a conocer. Consideraciones de este tipo pueden parecer controvertidas desde la perspectiva de las libertades de expresión e información. La libertad de comunicar incluye, en cualquiera de sus modalidades, el derecho del titular a decidir la forma de la comunicación; la libre opción sobre tono, estilo y formato está integrada de tal manera en el núcleo esencial del derecho que no cabe limitar su ámbito protegido tan solo a lo que resulte imprescindible para transmitir un contenido^‍‍[60].

Aun así, la alusión al carácter innecesario es una constante desde la sentencia inicial de 1988, que habla de expresiones que, «por tanto, resulten innecesarias a la esencia del pensamiento, idea ú opinión que se expresa». Posteriormente, en el leading case, se habla de expresiones que vejan al afectado «de manera gratuita e innecesaria». Pronto se consolida la formulación que se viene repitiendo en las últimas dos décadas de jurisprudencia, y a la que se acude especialmente en materia de sanciones disciplinarias con motivo de expresiones contenidas en escritos de diverso tipo: los insultos no tienen relación con las ideas u opiniones que se exponen y resultan, por tanto, «innecesarios a este propósito»^‍‍[61]. Entendida literalmente, la fórmula podría debilitar la coherencia de la prohibición absoluta de insultos^‍‍[62], ya que si las expresiones meramente vejatorias carecen siempre y en todo momento de protección constitucional, no es posible una indagación ulterior por parte del juzgador en cuanto a si aportan o no contenido comunicativo propio.

La cláusula de la necesidad tampoco tiene sentido para «salvar» a determinados insultos de la prohibición, por la vía de interpretar que en algunas expresiones vejatorias concurre un contenido protegible. Esto supondría negar el carácter absoluto de la prohibición.

Así se pone de manifiesto en alguna ocasión en que el Tribunal Constitucional parece aceptar la posibilidad de que algunas expresiones ultrajantes gocen de protección constitucional:

Si las expresiones ultrajantes pudieran considerarse legítimas alguna vez se pondría en duda toda la construcción jurisprudencial de las últimas décadas sobre la protección de la dignidad humana como valor superior. No parece, por tanto, que este caso sea más que una excepción en una doctrina constante.

Las constantes referencias al carácter innecesario de los insultos solo cobran sentido como cláusula de estilo destinada a reforzar la idea del insulto como expresión vejatoria sin contenido concreto que aporte una reflexión social o transmita hechos veraces. En este sentido, resulta más correcta otra fórmula a la que acude el Tribunal en las últimas dos décadas y conforme a la cual son insulto las expresiones vejatorias que «resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate»^‍‍[64]. La impertinencia implica que el insulto, al serlo, no aporta en sí mismo ningún dato cuya transmisión merezca protección constitucional. No puede entenderse como un requisito adicional que abre la puerta a la existencia de insultos pertinentes, sino como una consecuencia de que en nuestro ordenamiento nunca puede ser necesario atentar contra dignidad de la persona, de modo que un insulto nunca es pertinente para transmitir ideas o hechos. En definitiva, la Constitución no protege solo los mensajes asépticos y desprovistos de matices, pero en la libre elección de la forma en la que se va a transmitir el mensaje el titular de los derechos de la comunicación tiene un límite absoluto: la forma vejatoria que atenta contra la dignidad de la persona.

4. Delimitación con las libertades de expresión e información[Subir]

Esta concepción de insulto se pone claramente de manifiesto a la vista de las expresiones censuradas en los casos en que se aplica la restricción. Ya se ha mencionado el primer caso en que se considera insultante llamar a un alto cargo «vil vasallo» o referirse a él mediante un apelativo relativo a su estatura y problemas visuales; también otro en que el insulto era llamar repetidamente «liliputiense» y «niño de primera comunión» a un concejal del baja estatura. Se aprecia nuevamente cuando en un artículo de opinión un periodista, irónicamente, llama «titi» a la víctima de un accidente y dice que se va a poner «como una foca»; el Tribunal entiende que se trata de exabruptos gratuitos e innecesarios, dictados por un claro animus iniurandi^‍‍[65]. Igual sucede cuando unos trabajadores califican a los directivos de su empresa de «sanguijuelas» y dicen que «se cagan en los trabajadores». Son expresiones de «contenido vejatorio e insultante, al estar manifiestamente desvinculadas de la crítica que se exponía y haber sido proferidas en menoscabo y descrédito de los directivos de la empresa»^‍‍[66]. En otra ocasión, finalmente, en el reportaje periodístico sobre el desmantelamiento de una secta que abusaba sexualmente de sus miembros, «el empleo del término “mariquita” para referirse a la orientación sexual de don Vicente L.C. y los calificativos que se emplean son despectivos respecto de su orientación sexual e innecesarios para el objetivo informativo que se perseguía, tratándose de meras descalificaciones personales que repercuten sobre su consideración o dignidad individual, por lo que no quedan amparadas por el derecho a la libertad de expresión»^‍‍[67].

El repaso a estos casos de insultos demuestra claramente que la categoría no se solapa con expresiones emitidas en ejercicio de las libertades de información y expresión. Respecto a la primera, el componente intencional del insulto excluye la posibilidad de que se entienda como tal la difusión de hechos de relevancia social^‍‍[68]. Las afirmaciones que supongan la imputación de un hecho, con independencia de su falsedad, no pueden ser consideradas insulto^‍‍[69]. Un ataque a la dignidad implica negar el valor esencial de la persona de tal manera que el aludido no puede defenderse ni argumentar. La mera transmisión de datos, cuya veracidad es por definición discutible, no daña en sí la dignidad. Es el caso del apelativo «xenófobo», usado referido al miembro de un partido político a partir de un hecho veraz (una denuncia a la policía por tal motivo): no es una expresión innecesaria para la información transmitida. Del mismo modo, el término «corrupción» junto con la exhibición de un dibujo impreso en una camiseta en el que aparecen dos manos entregándose dinero, empleado en el marco de una protesta laboral, puede ser una imputación más o menos injuriosa, en razón de su veracidad, y cabe calificarlo de hiriente o molesto para los directivos contra los que se dirige, pero no constituye un insulto^‍‍[70].

Lo mismo sucede en el ámbito de la libertad de expresión: la difusión de juicios de valor que no sean del agrado del oyente y lo descalifiquen socialmente tampoco debe considerarse en todo caso insultante. La distinción entre lo vejatorio y lo meramente hiriente no es cuantitativa sino cualitativa: es hiriente aquello que, partiendo de una base fáctica, puede afectar a la imagen que de una persona tiene la sociedad o a la que ella tiene de sí misma, sin suponer una negación absoluta de su valor mínimo e irreductible como persona. Incluso cuando se expresa con intención de molestar al receptor. El hecho de que una expresión descanse en la interpretación de un hecho que se quiere transmitir parece un indicio suficiente para el juez constitucional de la ausencia de malicia calificada por un ánimo vejatorio. Así, por ejemplo, no constituye insulto el editorial de un medio de comunicación que califica de «filibusterismo» la decisión de un órgano judicial de presentar una cuestión de inconstitucionalidad. La expresión «bien pudo sustituirse por otra más pacífica» al tiempo que implica unas críticas que «son duras y puedan no compartirse e incluso considerarse improcedentes». Sin embargo, en la medida en que se trata de una calificación sustentada en hechos, a partir de la interpretación que de ellos hace un periódico, y que no busca la vejación de los aludidos, queda protegida por la libertad de expresión^‍‍[71]. Igual sucede con las afirmaciones de un periodista radiofónico que se refiriere a los miembros de un partido político calificándolos de «aliados, socios o amigos de ETA» y de terroristas. El Tribunal Constitucional entiende que, aunque sean expresiones hirientes y desabridas, constituyen valoraciones personales que tienen cierta base fáctica^‍‍[72], luego no entran en la categoría de insulto.