Palabras clave
Derecho a la vivienda
Principios rectores de la política social y económica
derecho a la vida privada
tutela judicial efectiva
desahucios
Vulnerabilidad
interpretación constitucional
ley de vivienda.
Resumen
La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, consolida la especial vulnerabilidad como un factor que activa el funcionamiento de mecanismos específicos para la tutela de las personas que se hallen en tal situación. Entre esos mecanismos destacan los que modulan los procesos judiciales de desahucio, dado que dejan de vincularse a coyunturas de crisis financiera o pandemia. Al contrario, adquieren autonomía normativa, ayudados por las tendencias de interpretación constitucional que se han ido consolidando en la última década y que realzan la efectividad del derecho a la vivienda como principio rector. Este artículo indaga en los desarrollos hermenéuticos que han contribuido a afianzar dichas tendencias desde el derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de la Unión Europea, evaluando su impacto sobre los procesos civiles de tutela de la posesión.
Keywords
Right to housing; constitutional principles of social rights; right to privacy; effective judicial protection; housing evictions; vulnerability; constitutional interpretation; housing regulations.
Abstract
The Spanish Act 12/2023 of the 24th of May, Act for a right to housing, establishes how a factor of special vulnerability would trigger specific mechanisms to protect people in such a situation. Among those mechanisms, those affecting judicial proceedings related to housing evictions are especially relevant. New measures, no longer linked to financial or pandemic crisis, stand by their own as social rights protection measures, all because of trends of constitutional interpretation enhancing right to housing effectiveness. This work presents a study of the legal hermeneutics that, coming from Constitutional, Human Rights and European Union Law interpretation, have reinforced those trends during the past decade. The conclusion evaluates how such trends impact on writs of possession.